La migración laboral, por su propia naturaleza, está entrelazada con las políticas generales del mercado laboral y con ámbitos políticos específicos como los derechos de los trabajadores, el desarrollo y el reconocimiento de competencias, la creación de empleo, la educación y la formación profesional y la protección social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aboga por que la migración laboral sea abordada como una cuestión laboral por las autoridades laborales en colaboración con los interlocutores sociales -organizaciones de empleadores y de trabajadores- y otros agentes pertinentes. Este diálogo social entre autoridades e interlocutores sociales es crucial para la elaboración y aplicación de políticas y prácticas de migración laboral creíbles, viables y sostenibles. Sin embargo, en muchos países, tanto de origen como de destino, los agentes no gubernamentales más directamente implicados en el mercado laboral no están plenamente reconocidos ni incorporados al proceso de elaboración de políticas migratorias.

Es esencial reconocer cómo afecta la migración laboral a los mercados de trabajo y cómo la participación de los interlocutores sociales puede ayudar a incorporar una dimensión social a las políticas de migración laboral. Los interlocutores sociales pueden proporcionar información temprana sobre las necesidades del mercado laboral y también deberían ser consultados sobre las políticas de admisión de migración laboral, por ejemplo, en el establecimiento de cuotas, listas de ocupaciones deficitarias, etc.

La migración laboral y la libre circulación de trabajadores figuran cada vez más en la agenda de los procesos de integración regional. De hecho, la experiencia ha demostrado que los acuerdos regionales sobre migración laboral a menudo tienen un impacto más inmediato sobre cómo se desplazan las personas, y en qué condiciones, que los convenios o tratados internacionales. Esto subraya la necesidad de enfoques políticos regionales y de coordinación para la armonización de las políticas laborales, incluso en cuestiones políticas como el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la cobertura de la seguridad social y la transferibilidad de las prestaciones. Por consiguiente, la inclusión de mecanismos de diálogo social es esencial también a nivel subregional y regional.

La falta de protección laboral de los trabajadores migrantes socava la protección general de todos los trabajadores. Las numerosas normas internacionales del trabajo adoptadas a lo largo de los años por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT son importantes para salvaguardar la dignidad y los derechos de los trabajadores migrantes. En principio, todas las normas internacionales del trabajo, salvo que se indique lo contrario, son aplicables a los trabajadores migrantes.

Desde su creación, la OIT también resolvió proteger “los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del suyo” (Constitución de la OIT, 1919, Preámbulo, considerando 2), y ha sido pionera en el desarrollo de normas internacionales específicas para la gobernanza de la migración laboral y la protección de los trabajadores migrantes. Ha adoptado dos Convenios, en 1949 y 1975, que van acompañados de Recomendaciones no vinculantes.

El deseo humano de buscar un empleo y unos medios de vida dignos es el núcleo del nexo entre migración y desarrollo. A medida que más personas crucen las fronteras para trabajar en los próximos años, las políticas de migración justas y eficaces que protejan los derechos de los trabajadores migrantes y reduzcan los costes de la migración laboral serán esenciales para lograr el crecimiento económico y mejorar los resultados de desarrollo para los trabajadores migrantes y sus familias, y para los países de origen y destino. La OIT trabaja con los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores para mejorar las políticas de migración laboral que pueden lograr un desarrollo más equitativo, centrándose en las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que generan los beneficios para el desarrollo y que mantienen a sus familias y comunidades en los países de origen y de destino.

Otras metas importantes relacionadas con la migración laboral se encuentran en el ODS 10 sobre la reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos: “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas de migración planificadas y bien gestionadas” (meta 10.7) y “para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con costos superiores al 5%” (meta 10.c).

En todo el mundo, más de 110 millones de personas se ven obligadas a desplazarse por diversos motivos, entre los que se incluyen los conflictos, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, así como las catástrofes naturales y el cambio climático. En su inmensa mayoría, los desplazamientos forzosos afectan a las economías emergentes, ya sea como países de origen, de tránsito o de acogida.

Además, los flujos migratorios mixtos son cada vez más frecuentes a escala mundial, con importantes repercusiones en la gobernanza de la migración, la protección de los trabajadores migrantes y la inclusión de los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza en el mercado laboral. Las personas que viajan en el marco de movimientos mixtos tienen necesidades diferentes y pueden ser solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de la trata, menores no acompañados y, a menudo, migrantes en situación irregular.

A pesar de enfrentarse a importantes retos y a menudo a barreras adicionales para acceder al mercado laboral formal, los refugiados y otros desplazados forzosos tienen importantes contribuciones sociales y económicas que hacer. Aportan competencias, conocimientos técnicos y talento, y pueden compensar la escasez de mano de obra en los países de acogida y de tránsito. Los trabajadores refugiados también pueden compensar las consecuencias de los cambios demográficos, como el envejecimiento de la población y la consiguiente disminución de la mano de obra.

Sin embargo, la complejidad intrínseca de los movimientos mixtos plantea una serie de retos políticos y normativos y exige una respuesta holística para garantizar una migración justa y un trabajo digno para todos los implicados.